El sistema del Estado K para controlar a los argentinos

Claudio Savoia revela cómo el kirchnerismo se encargó de derribar las vallas de la intimidad y las garantías constitucionales de protección de los derechos individuales a medida que afianzó su poder. Del uso reservado de la información al escrache público de los ciudadanos.

(Extracto del capítulo "El escrache del estado" del libro Espiados, de Claudio Savoia)

- ¿Pero ustedes no le revisan el Facebook a los empleados que van a tomar? No lo puedo creer.

La ministra Débora Giorgi miraba a los empresarios de la industria automotriz entre sorprendida y enojada. La conversación, en el invierno de 2014, había derivado hacia las huelgas y piquetes que varias terminales y proveedoras autopartistas venían soportando por parte de sus comisiones internas, influidas por los partidos de izquierda más dura.

- Tienen que aprender, déjense de joder.

Giorgi les daba a sus sorprendidos interlocutores una lección de stalkeo, la palabra de moda entre los adolescentes que viven en Internet, y que el gobierno al que pertenece la ministra adoptó como propia. Se trata de "seguir a alguien en las redes sociales para obtener información y observar sus movimientos". Pero ese es apenas el principio. Una batería de datos y precisiones sobre la vida personal, patrimonial, económica, administrativa y hasta turística de cualquier persona puede servirse como un café en el escritorio del funcionario que lo pida, para conocer las fortalezas y debilidades de un futuro interlocutor en una negociación. La práctica empezó con Néstor Kirchner, apenas comenzó su gobierno y descubrió el parque temático de oscuras carpetas sobre medio mundo que el espía Antonio "Jaime" Stiuso regaba en la planta baja del edificio central de la ex SIDE. Después la adoptaron con pasión el rústico secretario de Comercio Guillermo Moreno, el silencioso secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, y los coroneles más despiertos de la Cámpora.

- Una conocida inmobiliaria decía que antes hacían quince o veinte contratos por mes y que a raíz de las decisiones del Banco Central en materia del dólar ahora ya no entraba nadie. Pero esta firma no presentaba declaraciones juradas de Ganancias desde el año 2007. Lo llamé al señor Echegaray, (...) porque las inmobiliarias tienen un sistema de alertas en la AFIP (...). Ayer leía las declaraciones periodísticas de un empleado de esa inmobiliaria, que no era empleado sino socio.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó y disparó.

El día anterior a ese discurso, 10 de julio de 2012, un vendedor de la inmobiliaria JT, de Jorge Toselli, había ilustrado con su testimonio una nota de Clarín sobre los trastornos que había causado el cepo al dólar en varios sectores de la economía. La respuesta fue brutal: una amenaza transmitida por cadena nacional, revelando información reservada por el secreto fiscal. Un mes después, el director de cine Eliseo Subiela probó del mismo remedio (...)

Eran los primeros pasos de una de las políticas más consistentes y perseverantes del kirchnerismo: el escrache de Estado. Ropaje del siglo XXI y grado supremo de la vieja práctica fascista de utilizar todo el poder estatal para volcarlo sobre y en contra de una o un grupo de personas, que siempre es minoritario y portador de algún virus peligroso para el relato oficial. Ya había habido casos previos, como el escrache al presidente local de la petrolera Shell, Juan José Aranguren, por parte de Néstor Kirchner en 2005, cuando lo acusó de manipular los precios de sus naftas y lanzó contra él y su empresa a las famélicas hordas piqueteras para que bloquearan las estaciones de servicio. Pero solo desde el caso Toselli el uso de la información que el Gobierno tiene de los ciudadanos para extorsionarlos o amenazarlos se tornó una sistemática rutina política.

A contrapelo del discurso garantista que los Kirchner abrazaron en materia penal, las vallas de la intimidad y las garantías constitucionales de protección a los derechos individuales fueron cayendo (...) bajo las flamígeras razones del relato K. La vigilancia y el espionaje de las personas fueron creciendo a medida que la facción gobernante se afianzaba en el poder (...)

Tampoco era raro. La vocación de control social justificó la tarea de distintos fisgones e informantes por parte del poder político.

(...) Las intersticiales capacidades de espionaje interno cumplen la vital función de la clasificación de los ciudadanos, según su poder de consumo, su raza, sus gustos o, en los regímenes autoritarios, según su grado de adherencia al Gobierno. La Argentina entró en ese mundo durante la última década.

Funcionarios, legisladores, magistrados, empresarios, gremialistas o periodistas saben que el Estado escucha sus conversaciones telefónicas y que los espías rastrean sus pasos. (...)

El Gobierno controla a los ciudadanos a través de los espías de la ex SIDE, de los agentes de todas las fuerzas de seguridad y las policías provinciales, que infiltran sus agentes en los espacios de encuentro y convivencia social, pero también utilizan ilegalmente modernas técnicas de escucha telefónica y hackeo de correos electrónicos y computadoras. Es la efectiva política desde las cloacas, o el criptoestado, ese certero concepto acuñado por el filósofo italiano Norberto Bobbio y recuperado por el periodista Miguel Bonasso para nombrar el submundo de trapicheos y sociedades turbias con las que los funcionarios mantienen su poder lejos de la mirada pública. (...)

En las siguientes páginas veremos cómo espías de la Policía Federal se infiltraron en una pequeña agencia periodística, o la sorpresa de una docente neuquina cuando se enteró de que su pareja no era el militante de la izquierda dura que conocía sino un espía del Ejército; (...) No hay surco de las cada vez más grandes comarcas estatales que el Gobierno no haya conquistado para preservar su poder. Y sin embargo, los ministros sugieren espiar los perfiles de Facebook de quienes puedan causar molestias.

Las costumbres no cambian.

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