Uruguay acordó con la Argentina el largamente esperado pacto tributario que permitirá a las autoridades impositivas del país acceder a información financiera de decenas de miles de ahorristas argentinos en los bancos uruguayos.
Se espera que el acuerdo sea aprobado por los Congresos de ambos países a mediados de año. La posibilidad de cada país de acceder a datos tributarios de su vecino se limitará a la información generada con posterioridad a la entrada en vigencia del acuerdo, pese a la solicitud inicial de Argentina de poder obtener información con carácter retroactivo.
“El tratado incluye en este caso, explícitamente, normativa referida a métodos específicos para evitar la doble tributación y eso es una garantía muy importante para nuestro país”, dijo el ministro de Economía uruguayo, Fernando Lorenzo, durante el anuncio del pacto.
Hasta ahora, Uruguay es un refugio para los ahorristas argentinos debido a su secreto bancario. Los inversores locales también tienen fuerte presencia en los mercados agrícolas y de bienes raíces uruguayos.
Para el caso del secreto bancario, solo la Justicia uruguaya puede ordenar su levantamiento tras la solicitud de la AFIP, para lo que debe presentar los fundamentos de la presunta evasión impositiva.
A finales del año pasado, los ahorristas argentinos mantenían depositados casi u$s 2.300 millones en bancos uruguayos, según cifras del Banco Central de Uruguay.
La AFIP había buscado durante años un acuerdo tributario con Uruguay para detectar casos de evasión impositiva.
El organismo recaudador que dirige Ricardo Echegaray podrá ahora acceder a esa información pero solo mediante pedidos puntuales por cada contribuyente del que tenga sospechas de evasión.
Lorenzo destacó que el tratado “establece claramente” de qué manera cada Estado solicita a su contraparte “la información y cual es el contenido específico y fundado de la información que debe estar individualizada en cada caso”.
Además, “no está previsto” que se apliquen las modalidades que se conocen como “pesca generalizada”, tratando de identificar posibles casos de falta de pago de impuestos, y tampoco está contemplada la aplicación retroactiva del convenio.
Así el acuerdo cumple los requisitos que había establecido Uruguay, indicó Lorenzo.
Esas condiciones eran la no retroactividad, que se incluyeran pautas para evitar la doble imposición y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio nacional.
En contra de las críticas de la oposición uruguaya, el Gobierno de José Mujica cree que el nuevo acuerdo no quitará estímulos al flujo de capitales hacia su mercado. “Este tratado da absolutas garantías para que se realicen las inversiones que el país está convocando, por los estímulos que tiene en vigencia, por las condiciones en cuanto a clima de negocios y por el marco jurídico”, dijo a periodistas el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori.