El Gobierno ultima los detalles para anunciar entre fines de esta semana y principios de la próxima un nuevo aumento de las jubilaciones, que comenzará a regir en septiembre. El incremento se ubicará en torno al 12%, aunque hasta anoche se trabajaba en el cálculo final de la suba, que surge de la fórmula que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria y que dispone dos subas por año, en marzo y septiembre.

Esto implica volcar a la economía alrededor de $ 1.400 millones más por mes ($ 18.200 millones al año), que al ir a los bolsillos de los jubilados tendrá un impacto estimulante pleno sobre el consumo y la actividad económica, en momentos en que la recesión parece un escenario cada vez más probable para los próximos meses.

La jubilación mínima pasaría de los de los $ 1.687 actuales a un monto cercano a los $ 1.890 mensuales. El aumento que se anunciará en los próximos días se sumará al 17,62% de incremento que el Gobierno otorgó en marzo, por lo que sumadas ambas subas arrojan una recomposición de la jubilación en torno al 30%. La cifra está un par de puntos porcentuales por arriba del aumento promedio de las paritarias cerradas durante este año, de alrededor del 25%, al igual que la inflación estimada por las consultoras privadas y varias provincias.

La medida beneficiará a 5,7 millones de jubilados y pensionados y a los ex veteranos de Malvinas. Abarca también a más de 1,1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas. La Ley 26.417 establece para el cálculo de la movilidad jubilatoria dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec o el índice RIPTE que calcula el Ministerio de Trabajo (el mayor de los dos) y, por otro lado el aumento de la recaudación tributaria per cápita de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Con el aumento a los jubilados el Gobierno apuesta a sostener el nivel de actividad, en momentos en que la economía muestra una marcada desaceleración. La iniciativa implica apuntalar los bolsillos de la población y, en definitiva, impulsar el consumo frente a la erosión de ingresos que genera la inflación. En la jerga de los economistas, los jubilados conforman uno de los estratos sociales con mayor propensión marginal a consumir, es decir aquellos sectores que destinan al consumo una parte mayor de cada peso adicional que reciben, y por lo tanto el impacto reactivante sobre la economía es elevado.

En tanto, los gremios antimoyanistas esperan para agosto el anuncio por parte del Gobierno de la suba de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo (ver pág. 3), otras dos medidas que podría impulsar el nivel de actividad durante la segunda mitad del año.

La mayoría de los analistas privados ha reducido en los últimos meses sus pronósticos de crecimiento de la Argentina para este año. Los más optimistas hablan de un alza del PBI del 2,5%; pero el consenso se ubica más cerca del 1%. Son varios los que vaticinan un escenario de estanflación para los próximos meses. Es decir, un estancamiento económico con inflación elevada.

Desde la puesta en marcha de la Ley de Movilidad Jubilatoria, en 2009, se produjo un aumento total del 144,5% en las jubilaciones. Además, desde 2003 a la fecha, el haber mínimo se incrementó en 1025%.