Diputados de distintos partidos de la oposición ratificaron hoy su voto en contra del proyecto oficialista de expropiación de la ex Ciccone, exigieron explicaciones al Gobierno sobre la titularidad de la compañía y repartieron responsabilidades a Cristina Kirchner y Amado Boudou.

 
El diputado radical Ricardo Alfonsín subrayó que "la UCR y la mayoría de los partidos de la oposición no van a acompañar", aunque admitió que el oficialismo "por supuesto que tiene el número suficiente" para lograr la aprobación de la iniciativa.

El jueves, el Senado dio media sanción al proyecto de expropiación de la compañía calcográfica y, en un rápido trámite, el martes será analizado en un plenario de comisiones en Diputados y se tratará en una sesión especial convocada por el oficialismo para el miércoles 22.

 
El diputado de Unión Celeste y Blanco Francisco de Narváez también anticipó su voto en contra del proyecto oficialista y denunció que "la responsabilidad excluyente" del caso es de "la presidenta Cristina Fernández, que permite que esto suceda".

 
"Ciccone es una gran ofensa a lo que debería ser la ejemplaridad de la vida pública de los funcionarios", cuestionó De Narváez en radio Mitre, quien insistió en que el vicepresidente Amado Boudou "debió pedir licencia, presentarse en la Justicia y ponerse a disposición".
 
En tanto, Alfonsín advirtió que "todos los argentinos quieren saber muchas cosas, se trata de un caso que ha sido muy sospechado de irregularidades severas" que "no solo son las que tienen que ver con la compra de la empresa, sino también la moratoria" que se otorgó desde la AFIP.

"Queremos saber quién es el dueño", enfatizó Alfonsín en diálogo con radio El Mundo, quien recordó que "es un caso que requiere una investigación muy rigurosa: ya se llevaron puesto al juez (Daniel Rafecas), al fiscal de la causa (Carlos Rívolo) y al jefe de los fiscales" Esteban Righi.

Por su parte, el diputado del PRO Julián Obiglio solicitó que el juez que tiene a su cargo la quiebra de la ex Ciccone, Javier Cosentino, concurra el martes al plenario de comisiones que se realizará en la Cámara Baja para informar sobre la "situación legal y patrimonial" de la empresa.

"Es escandaloso que se trate la expropiación sin conocer cuál es el valor de los bienes de la sociedad y cuánto es la deuda que deberá afrontar el Estado", sostuvo Obiglio, que opinó que "no podemos admitir tratar esta ley sin antes saber cuántos acreedores han verificado su crédito en el concurso, cuál es el estado de los libros y de la documentación societaria".