Las agrupaciones de consumidores manifestaron hoy su preocupación ante la publicación en el Boletín Oficial de una resolución que faculta al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a “dar de baja a las asociaciones de defensa del consumidor que correspondan”.

Se trata de la resolución 47/2012 que, con la firma de Moreno, modifica una Resolución de 1999, "relacionada con las normas a las que se deberán ajustar las asociaciones de consumidores constituidas como asociaciones civiles con personería jurídica".

La medida modifica el artículo 8vo. de la Resolución 461, de 1999, en la que esa atribución recaía en la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que, al momento de dictarse esa norma, estaba a cargo de Alieto Guadagni.

Pero la incertidumbre se apoya en una de las frases del texto, según el cual se “reserva el señor Secretario de Comercio Interior -Guillermo Moreno- la atribución de dar de baja a las asociaciones que correspondan”.

En diálogo con Cronista.com, Susana Andrada, directora del Centro de Atención al Consumidor, consideró que el polémico funcionario “quiere atribuirse la potestad más allá de lo que dice la ley, y abrir o cerrar asociaciones por su propia arbitrariedad, no porque se cumpla o incumpla la ley”.

“Guillermo Moreno siempre quiso asociaciones favorables a su política, alineadas con el Gobierno y a las que no pudo controlar lo que hizo fue ahogarlas económicamente como a nosotros que no recibimos subsidios por parte de la Secretaría desde 2006, nos mandan inspecciones de la AFIP y hasta me inició una causa por calumnias e injurias”, denunció.

Andrada consideró que con esta medida el secretario busca contener dos frentes que le preocupan: “uno es la inflación, porque él no quiere que nadie hable de la inflación y otro son los amparos y demandas colectivas que encabezamos las asociaciones y permiten a la gente litigar sin gastos”.

“A mí en particular no me va a callar. Voy a seguir peleando aunque sea desde la clandestinidad. Me da la sensación que quiere a través de una resolución atribuirse la potestad más allá de lo que dice la ley”, enfatizó.

En la misma línea, Sandra González, de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ADECUA) coincidió que si la resolución determina las bases de cumplimiento de la ley es positivo, pero temió que la medida deje abierta la puerta a que “Moreno me de de baja porque no le gusta mi cara”.

“Si esto es en base a los cumplimientos de la ley estoy de acuerdo, que me auditen, me controlen yo cumplo con lo que dice la ley. Ahora si esto es discrecional por lo que diga o haga ya es otra cosa”, analizó.

González, que desde hace 18 años trabaja “con los problemas que tiene la gente”, consideró que una medida de este tipo es “innecesaria, ya que hay infinidad de problemas para solucionar antes de ver si estamos o no en regla”

“No me interesa una polémica con él, no le tengo miedo a nadie. Me parece que no hay que perder de vista que la Constitución da derechos a los consumidores y usuarios. Hemos pasado todos los gobiernos y estuvimos en cosas a favor y en otras en contra. Acá el tema no es la resolución, sino tener cuidado con quienes la ejecutan”, enfatizó.