Por 44 votos a favor y 20 en contra, el Senado dio media sanción al proyecto que declara de utilidad pública sujeta a expropiación a la empresa ex Ciccone, encargada de imprimir la moneda de curso legal en la Argentina, en el marco de las sospechas que recaen sobre el vice presidente de la Nación, Amado Boudou, a la sazón presidente del cuerpo que sesionó sobre el tema hoy, por su presunto favoritismo en impulsar el rescate de la  compañía quebrada.

En el texto de la iniciativa, el Gobierno fundamentó la intervención de la empresa ex Ciccone en la necesidad de “mantener la soberanía monetaria" y de "concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad”.

Tras una sesión de casi siete horas, la iniciativa tuvo el respaldo del Frente para la Victoria, sus aliados permanentes y senadores de otros bloques, que se pronunciaron en forma individual porque habían presentado iniciativas similares como el justicialista salteño Juan Carlos Romero y el cordobés del FAP Luis Juez. Rechazaron el proyecto legisladores pertenecientes a la bancada de la UCR, tres del Frente Amplio Progresista y miembros de los bloques de la Coalición Cívica y del peronismo disidente.

La sesión, que comenzó a las 10 y media de la mañana, cerró con la intervención del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, quien agradeció al vicepresidente, Amado Boudou, el “temple” por “venir a dar la cara”, al recinto, donde naturalmente debió actuar como presidente del cuerpo.

Pichetto defendió el proyecto de expropiación a partir de la necesidad de que el Estado recupere la facultad de imprimir el papel moneda y relativizó la insistente pregunta de la oposición acerca de que no se conocen los verdaderos dueños de la empresa a expropiar. “Cuando reestatizamos YPF, nadie sabía que Carlos Slim era uno de los dueños”, ejemplificó el legislador rionegrino. La respuesta de la senadora María Eugenia Estenssoro no se hizo esperar. La legisladora le “reconoció” al orador que el caso de la petrolera tenía, efectivamente, similitudes con la imprenta en cuestión. Dijo Stenssoro que en ese caso también se actuó para “tapar” el vaciamiento a la que había sido sometida YPF, girando abusivamente utilidades para que Repsol financie el ingreso de Eskenazi, quien entró a la compañía sin poner un peso. Estenssoro recordó los lazos de Eskenazi con el Gobierno.

Pichetto se limitó a responderle que actuaba en el marco del “discurso oficial de la oposición”, que no aporta ninguna idea nueva sobre como conducir el país sino que sólo se dedican a “destruir”, en particular cuando se trata de “partidos chicos”.

El jefe de la bancada kirchnerista también dejó otra definición para la polémica. Fue cuando advirtió sobre la inconveniencia de abrir procesos judiciales contra funcionarios cuando estos están en pleno ejercicio de su cargo, ya que esas causas afectan la credibilidad y la imagen del gobernante, lo que entorpece su gestión.

Recordó, en este sentido, el caso de Francia, donde los funcionarios gozan de “inmunidad” mientras se encuentran en el ejercicio de su cargo, por lo que los procesos judiciales sustanciarse tras el abandono de la función pública. “Fíjense el caso de Sarkozy, sobre quien quien recién ahora se abre la investigación sobre el caso L´Oreal”, en el cual uno de sus principales ministros fue acusado de haber autorizado la devolución de 30 millones de euros de impuestos a la dueña de la empresa, cuyos ingresos reales excedían el 50% de lo declarado al Fisco.

El senador radical jujeño Gerardo Morales, por su parte, aseguró en su intervención en forma irónica que el proyecto de expropiación de Ciccone podría ser llamada “la ley de salvataje de (Alejandro) Vanderbroele y su socio oculto”. Señaló, además, que la adquisición de la empresa “le costará al Estado 140 millones de pesos”.

“La salida inteligente hubiera sido dejar caer Ciccone y después comprar las máquinas. ¿Para qué hacen esto si es que nada importante tiene que ver con este negocio?”, se preguntó Morales durante el debate en el Senado.

Boudou no pudo responder las acusaciones, ya que en su condición de vicepresidente dirige la Cámara de Senadores y no puede hablar en el recinto, en función de que no fue elegido como un representante de alguna provincia.

El debate

El senador nacional Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) abrió el debate como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda responsabilizando a las gestiones de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde por el desmantelamiento de la Casa de la Moneda.

Fernández señaló también al ex titular del Banco Central, Martín Redrado, por las deficiencias en anteriores gestiones de la Casa de Moneda

Cuando le tocó hablar, el radical Luis Naidenoff mencionó que no se sabía "a quién se le va a pagar una indemnización que puede arrojar un número de 140 millones de pesos".

El radical mendocino Ernesto Sanz aseguró que "no está en discusión devolverle al Estado facultades perdidas' dado que la Constitución Nacional establece "claramente" la potestad del Estado en la emisión de billetes.

"Hay algo que nos evita la discusión que es la Constitución, que es clara en cuanto a que la confección de billetes le compete al Estado", planteó el legislador.

En cambio, el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico-Córdoba) confirmó su apoyo a la expropiación de la ex Ciccone Calcográfica al expresar su convicción de que 'el Estado se tiene que involucrar' en la emisión de billetes, a la que definió como una de sus 'potestades soberanas'.

En este sentido, recordó que el 18 de abril de este año él mismo había presentado un proyecto de ley 'idéntico' en su contenido a la iniciativa que hoy impulsa el oficialismo.

El oficialista neuquino Marcelo Fuentes saludó "la actitud de este Senado donde opositores que no coincidieron en muchísimas cosas con nosotros toman el tema como una discusión concreta'.

El justicialista pampeano Carlos Verna anunció su "acuerdo con que la impresión del dinero debe estar en manos del Estado" y afirmó que "la aprobación no extingue ninguna causa penal porque los delitos son de acción pública".

Rubén Giustiniani, del socialismo santafesino, dijo que comparte "recuperar la soberanía monetaria", pero anunció que votaba en contra por "la forma en que se hace esta expropiación, con mucha celeridad, y porque no se ha permitido la presencia de los funcionarios nacionales".

El senador Juan Carlos Romero (Salta-PJ), autor de un proyecto de similares características al del Gobierno, consideró que tiene "algunas diferencias' con la iniciativa oficial y sostuvo 'se debe terminar con la relación de sospecha permanente entre una actividad del estado esencial, como es la emisión de papel moneda, y el único proveedor privado".