A nueve meses de las elecciones presidenciales, el futuro institucional de Paraguay ha quedado con un signo de interrogación tras destitución mediante un juicio político express del presidente Fernando Lugo, por mal desempeño de su cargo.
Mientras en el Congreso hubo una mayoría absoluta a favor de su destitución y se siguieron los pasos que establece la Constitución, en las calles de Asunción los ciudadanos salieron a manifestar su apoyo al ex obispo. El propio Lugo, aunque aceptó la decisión de los congresistas, denunció un “golpe parlamentario con ropaje jurídico” y no descartó liderar la “resistencia popular”.
La situación pone en un brete a sus aliados en el continente americano porque no se trata de un golpe militar sino que son los mismos representantes del pueblo elegidos en comicios legales quienes lo han decidido.
Además, más allá de las internas políticas, la gestión de Lugo estaba siendo cuestionada por su dificultad para armar alianzas dentro del poder para implementar cambios de fondo en un país en el que más del 50% de la población vive en la pobreza.
Quienes respaldan a Lugo argumentan que el ahora ex presidente no tuvo la legítima oportunidad de defenderse de las acusaciones. La realidad es que en los hechos, hay un nuevo gobierno en Paraguay, tras la asunción de Federico Franco, quien se desempeñaba como vicepresidente.
La OEA convocó a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington con el fin de "tomar conocimiento de los acontecimientos" y cancilleres de la Unasur que abarca a 12 países de la región apoyan al mandatario destituido, pero no lograron consensuar un comunicado conjunto.
Está claro el respaldo de la Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia que rechazan reconocer al nuevo gobierno. Todavía falta saber la posición de Perú y Chile, cuyos gobiernos no tienen sintonía ideológica con el mandatario destituido.
El argumento principal de los congresistas para juzgarlo por el mal desempeño de sus funciones fueron las consecuencias del enfrentamiento entre policías y campesinos que, durante una toma de tierras en Curuguaty la semana pasada, dejó un saldo de 17 muertos.
Pero resulta obvio que detrás de esa acusación, y de otras como no haber podido poner freno a la delincuencia en el país, hay una lucha de poder que se inicia con el quiebre de la coalición gobernante Alianza Patriótica para el Cambio, que integraban el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), uno de las agrupaciones más tradicionales de Paraguay y otros partidos menores, que en 2008 acompañó a Lugo en la fórmula que logró desbancar al Partido Colorado, que gobernó Paraguay por más de 60 años.

Tras la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola, uno de los hombres más cercanos a Lugo, los aliados liberales le reclamaron más espacios en el gobierno, preocupados además por la cada vez más estrecha relación de Lugo con Hugo Chávez y Evo Morales.
La negativa del ex sacerdote, entonces, actuó como el detonador de la crisis política, provocó la renuncia de los cuatro ministros liberales que formaban parte de su gabinete y comenzó la cuenta regresiva para la presidencia de Lugo, cuando los liberales le quitan el respaldo, y se alían con sus enemigos tradicionales del Partido Colorado para votar el impeachment.

Lo que suceda en Paraguay en los próximos días y la respuesta que den a esos acontecimientos los gobiernos del mundo, tendrá un peso de trascendencia para la región.