Tras haber aplicado una millonaria multa a Movistar por el apagón que sufrió su servicio el 2 de abril, y anunciar que también sancionará a Claro por los problemas que sufrió la operadora la semana pasada, el Gobierno ahora prepara una nueva embestida contra las empresas de telefonía móvil.

Esta vez será contra la facturación de las compañías, ya que las obligará a modificar la manera en la que actualmente cobran el servicio de llamadas a sus clientes.

En el cambio trabajan la Secretaría de Comunicaciones (Secom) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que por estos días se encuentran ultimando la redacción de la medida. De hecho, una pista de esta decisión la dio Ceferino Namuncurá, titular de la CNC, el jueves de la semana pasada, cuando anunció que el Gobierno también le aplicará una multa a Claro. “Estamos analizando una iniciativa para que los usuarios paguen lo que realmente tienen que pagar por el uso de los celulares”, dijo el funcionario.

Si bien en ese momento no dio más precisiones, El Cronista pudo saber que se trata de una nueva regulación que obligará a Movistar, Personal, Claro y Nextel a fraccionar las llamadas por segundo y no por minuto como sucede actualmente.

Además, las comunicaciones sólo podrán ser facturadas a partir de ser respondidas. Es decir, desde que se acepta la llamada y no desde cuando, quien la realiza aprieta el botón verde de send, tal como sucede ahora.
La nueva regulación llega a un mes del inicio de la llamada portabilidad numérica mediante la cual los usuarios pueden cambiar de operadora sin perder el número del celular. Un viejo reclamo de los consumidores que, sin embargo, no ha despertado interés entre los usuarios.

La semana pasada, el diario Página/12, informó sobre la decisión de la Secom de avanzar en esa dirección. Ayer, fuentes oficiales y del sector privado confirmaron a El Cronista que es inminente el anuncio de estos cambios en la modalidad de pago de la telefonía celular.

Según las fuentes consultadas las autoridades barajan dos opciones para anunciar el cambio: un decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández; o una Resolución conjunta de la Secom y la CNC que también sería suscripta por altas autoridades del gobierno nacional.

Una tercera posibilidad sería el envió al Congreso de un proyecto de ley para reformular la modalidad hoy utilizada, aunque esta variante sería la que menos adhesión tendría por los tiempos del Parlamento.
De todos modos, el diputado nacional por Udeso, Bernardo Biella, anticipó el domingo pasado el envío de un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo nacional promueva cambios en torno a la forma en que se factura el servicio de telefonía celular. En declaraciones a el diario El Tribuno de Salta, el legislador anticipó que desde la Casa de Gobierno le confirmaron que habrá un anuncio en los próximos días referido a estos cambios.

Si bien el servicio de comunicaciones (voz) ha ido perdiendo espacio frente a los servicios de datos (Internet, mensajes de texto, juegos, entre otros), de todos modos sigue entre el 50% y 60% de la facturación total de las operadoras de telefonía celular.

Por caso, Personal, que ofrece servicios a casi 17 millones de clientes, registró el año pasado un incremento del 25% en las ventas y del total de sus ingresos ($ 9.500 millones) el 60% correspondió a llamadas y el resto a los servicios de valor agregado.

En lo que respecta a Movistar, propiedad del grupo español Telefónica, los ingresos del negocio móvil crecieron 14,2% en 2011 hasta alcanzar los 2.039 millones de euros. Su facturación por servicios subió 12,9% y los ingresos por datos se incrementaron 27,3% y ya representan un 39% del servicio móvil.

Actualmente, Movistar brinda servicios a casi 18 millones de clientes.