Hay gestos, símbolos y señales de alerta que pasan desapercibidos para la mayoría de los analistas, pero que se incrustan en la memoria inmediata de la sociedad, y que están afectando la imagen de la Presidenta. Uno de los últimos fue el desmesurado despliegue alrededor de su hijo, Máximo Kirchner, que habría costado 80 mil dólares, para la nación.com y no más de 60 mil dólares, para fuentes no oficiales pero más conservadoras.
Nadie discute que existe un decreto que le permite a Cristina Fernández disponer de los bienes del Estado para enfrentar cualquier emergencia de Ella y sus familiares directos. Tampoco nadie pone en cuestión la preocupación de una madre que hace poco perdió a su compañero de toda la vida cuando se entera de que su hijo, después de haber sido afectado por una gripe que lo dejó de cama durante dos semanas y otra afección vinculada a su colon irritable, decide ir a buscarlo de madrugada en el Tango 01, ante la imposibilidad de que se lo atienda en el hospital público de Río Gallegos, para tratarlo de una infección en la rodilla.
Lo que le hace ruido a muchos argentinos, en el medio de esta evidente desaceleración económica, son dos cosas. Una: el excesivo gasto público del hijo de una presidenta con una fortuna declarada de más de 70 millones de dólares. Beatriz Sarlo lo planteó con sencillez el jueves pasado, en Código Político, el programa que conducen Julio Blank y Eduardo van der Kooy: “Si Cristina es millonaria que alquile un avión”. Y dos: la constancia de que Máximo Kirchner no se puede atender de una afección no tan grave en el hospital de la capital de la provincia donde los Kirchner o sus incondicionales gobiernan desde hace más de veinte años. Es decir: el brutal choque del relato oficial con los hechos concretos cuando afirma que nunca se progresó tanto como en los últimos años. Se trata de algo parecido, pero en otra dimensión, a la evidente contradicción que se produjo entre la defensa del gobierno nacional de su política de transporte ferroviario y la tragedia de Once, con sus 51 muertos y más de 700 heridos.
Con el anuncio de su decisión de pasar a pesos los más de 3 millones de dólares que tenía en un plazo fijo según la última declaración jurada correspondiente al año 2010 y que tomó estado público en junio de 2011, puede llegar a pasar algo parecido. Es bueno que la Presidenta haga lo mismo que el Gobierno le pide a la gente que practique. Pero debería ser más cuidadosa, hasta en los mínimos detalles, para que ese gesto simbólico no sea interpretado como un acto de hipocresía. La semana pasada me quedé tranquilo después de comprobar que todas las tarifas de Los Sauces figuraban en pesos. Lo chequeé a través de su página web y en el casillero correspondiente dice bien clarito: pesos argentinos. Los Sauces es el hotel boutique de Calafate que es de su propiedad y que le viene dando, a la familia Kirchner, una renta extraordinaria incluso antes de terminar su construcción de manera completa. Pero ayer me volví a preocupar cuando leí una carta en el diario La Nación en la que un lector reveló que a un gran un amigo suyo, el encargado de Los Sauces le ofreció tomar sus pesos a más de 6, con la cotización del dólar paralelo. Si Cristina Fernández quiere evitar que miles de argentinos aumenten su mal humor al constatar estas incongruencias, debería ser mucho más cuidadosa y transparente. Debería, por ejemplo, colocar las tarifas de su hotel a la cotización del dólar oficial. Debería exhibir, por ejemplo, el certificado del plazo fijo en dólares que habría pasado o pasará a pesos. Debería hacer pública, incluso, la tasa de interés que Ella y Néstor Kirchner pudieron conseguir, y la entidad con la que opera. Porque ni los peritos contables de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que en su momento tuvieron que investigar el enriquecimiento ilícito de ambos ni los peritos de la Corte Suprema lograron contar con ese tipo de documentos comprobatorios. De hecho, la actualización de su plazo fijo en dólares de 2009 a 2010 demostraría que habrían conseguido tasas de interés del 24 por ciento en dólares, algo que parece imposible en cualquier entidad financiera que opere de manera legal.
También deberían ser muy cuidadosos cada vez que la Presidenta y sus funcionarios viajan al exterior en misión oficial, como la que protagonizaron, esta semana, a los Estados Unidos. Cristina Fernández y sus principales ministros se alojaron en un hotel cuya ‘habitación de trabajo’ tiene un precio base de 3 mil dólares, una de las más caras de la ciudad de Nueva York. ¿Cómo hicieron los miembros de la delegación para conseguir los dólares necesarios para el viaje? ¿En cuánto tiempo obtuvieron la autorización? El diputado nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP) Claudio Lozano, denunció que, durante la semana pasada, no pudo cambiar dinero en el aeropuerto de Ezeiza y que no le dieron una explicación satisfactoria sobre la negativa. “Tuve que pedir dólares prestados a mis colegas” contó. Un gobierno cuyos integrantes se la pasan levantando el dedo sobre lo que hay y no hay que hacer deberían esmerarse para no aparecer obteniendo o consiguiendo ventajas para los amigos.
Quizá para la mayoría de los argentinos resulte demasiado engorroso comprender los mecanismos que utilizaron tanto Amado Boudou cuando era ministro de Economía como Ricardo Echegaray, desde la AFIP, para autorizar un exclusivo y beneficioso plan de pagos de la deuda impositiva y previsional que todavía tiene la ex Ciccone con el Estado. Pero no necesitan más. Les basta con sospechar que fue un trato de privilegio y, posiblemente, fuera de la ley. Les basta con constatar que dicen una cosa y hacen otra. Y eso no parecía tan grave cuando la economía andaba muy bien y el consumo explotaba. Pero ahora resulta intolerable, y la indignación está empezando a aparecer en todas las encuestas de opinión. Porque una cosa es tener una Presidente con decisión y autoridad. Y otra, muy distinta, es percibirla como la Nueva Dueña del Estado.