El artículo anterior provocó muchísimos comentarios, y la gran mayoría muy críticos. De 441 sólo 82 fueron a favor. Hubo 87 que objetaron el error cometido en uno de los ejemplos, -ya aclarado y que no desvirtuaba el sentido de la nota-. Otros 171 cuestionaban aspectos conceptuales. Y 101 escribieron comentarios agresivos.
Semejante reacción no debería sorprender. En un libro publicado por la Cepal en 2008 titulado “Impuestos al Patrimonio en América Latina”, Claudia M. de Cesare y José Francisco Lazo Marín sostienen en las conclusiones: “La propia concentración de la renta, que es una característica incuestionable de los países latinoamericanos y del patrimonio propiamente dicho, tiende a producir presiones políticas de las capas más ricas de la población contra la imposición o fortalecimiento de los impuestos patrimoniales. Ante el contexto descrito, no es sorprendente que en la región, la principal fuente de ingresos tributarios sean los impuestos al consumo. La preferencia por este tipo de tributos, combinada con la concentración de la renta, no favorece la equidad en la distribución de la carga tributaria”.
El párrafo anterior también ayuda a comprender la furiosa reacción de la dirigencia rural al proyecto para aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) en un 40% promedio a los campos más grandes y mejor ubicados, y que para más de la mitad de las propiedades implicará una menor carga.
En cuanto a los 171 comentarios críticos con fundamento, una mitad puso el énfasis en la presión impositiva total que recibe el campo, y el resto se dividió entre los que plantearon que no se debe tomar el valor inmobiliario de los campos para cobrar impuestos sino su valor productivo, y los que argumentaron acerca del rol del campo en la economía.
Los tres temas se contestan explicando que el IIR no es un impuesto a la producción sino un tributo patrimonial, un gravamen cuyo objetivo es que financien al Estado aquellos que expresan capacidad contributiva a través de la tenencia de bienes. La idea es que cada uno aporte en función del valor de su propiedad, lo que posibilita el diseño de un esquema progresivo para que paguen proporcionalmente más los que más tienen. En el libro citado, se explica: “El impuesto a la propiedad inmobiliaria es reconocido internacionalmente como la opción predominante de financiamiento de los servicios públicos a escala municipal (...) Incide sobre un bien de alto valor económico, el inmueble, y permite un tratamiento diferenciado sobre contribuyentes con capacidades económicas distintas”.
Las valuaciones fiscales están tan desfasadas que el valor fiscal de un Citroen C3 equivale al valor fiscal de 30 has. en Pergamino, como se señaló en el artículo anterior aunque resulte inverosímil.
Los siguientes datos ilustran aún mejor la distorsión. Según el último censo, en la provincia de Buenos Aires hay 4,8 millones de hogares, de los cuales 3,4 millones (70,6 %) son propietarios de su vivienda, 2,3 millones (48,2 %) poseen automóviles y sólo 150.000 (3,1 %) son terratenientes. Con un valor patrimonial similar, los propietarios de viviendas aportan el doble de impuestos que los propietarios de tierras rurales.
Además, vale aclarar que el proyecto en discusión ni siquiera propone calcular el impuesto en función del valor de mercado de la tierra, sino toma como base aproximadamente el 30 % de ese valor.
Respecto a la presión global sobre el sector, la única gran diferencia entre los impuestos que paga el campo y las otras actividades son las retenciones, con las que se busca capturar la rentabilidad extraordinaria derivada de los altos precios internacionales y del nivel del tipo de cambio. Los productores saben que hoy están mucho mejor con retenciones que en los años 90 sin ellas.
Pero, más que por el aumento del IIR, la dirigencia del campo y una porción de los productores protesta por el impacto que el aumento de las valuaciones tendrá sobre el pago de Bienes Personales. Es interesante observar algunos de los ejemplos que la dirigencia rural difundió para fundamentar su queja. Alberto Perfumo, un productor de Pergamino dueño de 113 has se queja porque va a pasar de pagar $ 700 a $ 100.000. ¡Es decir que pagaba $ 700 por tierras que deben valer no menos de u$s 1,5 millones! Ahora pagaría el 2%.
Por su parte, la Sociedad Rural de Rojas difundió el caso de un campo de 383 has. que de IIR
pasaría de pagar $ 42.606 a
$ 168.093, y Bienes Personales subiría de $ 3.990 a $ 106.474. Vale aclarar, que si se ordenan las 250.000 partidas del catastro rural de la provincia de menor a mayor valor fiscal, ese campo se ubica en la posición 245.670. Tiene un valor patrimonial de unos $ 15 millones, con lo cual pagaría de IIR alrededor del 1% y de Bienes Personales ni siquiera eso.
Acerca de la interrelación entre el IIR y Bienes Personales, el economista Jorge Gaggero del Plan Fénix le presentó hace unos años al entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, y a la entonces diputada Mercedes Marcó del Pont la siguiente idea, que formaba parte de un proyecto integral de reforma tributaria. Proponía que la recaudación de Bienes Personales que se obtuviera gracias a la mejora en los catastros provinciales se devolviera a las provincias en función de los progresos que hiciera hacia una valuación cercana al valor comercial. Esa regla constituiría una transición durante la cuales Bienes Personales iría disminuyendo en el tiempo en forma paralela al fortalecimiento de la recaudación de impuestos patrimoniales por parte de las provincias, hasta su total desaparición. Se llegaría así a un esquema donde las provincias quedarían con la responsabilidad e incentivos para hacer lo que ahora, muy tardía y tibiamente, intenta Daniel Scioli.