El gobierno de Brasil está endureciendo su postura en las negociaciones con empleados públicos federales que realizan una huelga hace más de cincuenta días.

La presidenta Dilma Rousseff autorizó la firma de los primeros convenios con San Pablo,  Rio de Janeiro y Paraná para sustituir a empleados del ámbito federal en huelga por servidores estaduales y municipales de rango similar, según permite un decreto presidencial de finales de julio.

El secretario general de la Presidencia, el ministro Gilberto Carvalho, dijo que la prioridad del gobierno es “utilizar el espacio fiscal para cuidar el empleo de los que no tienen estabilidad”. Carvalho señaló sin embargo que no está cerrado el diálogo con los huelguistas. “Tenemos, a lo largo de agosto, posibilidad de discutir y presentar propuestas, y lo haremos”.

Pero la solidaridad corporativa amenaza la decisión del gobierno de recurrir a empleados estaduales y municipales. Veinte entidades estaduales informaron que permanecerán junto a sus colegas del ámbito federal.

La Explanada de los Ministerios prácticamente paró con nuevas adhesiones en la Secretaría del Tesoro, el Fisco y la Procuraduría General del Estado. Cerca de 500 manifestantes, representando 23 carreras típicas de Estado, criticaron la “intransigencia” del gobierno en las negociaciones de reajuste salarial. Los manifestantes crearon hasta un neologismo para criticar la posición de la presidenta: “Dilmadura”.

Hasta ayer, 36 categorías permanecían en huelga en el país, con un total de más de 350.000 empleados.

La vigilancia sanitaria y el ministerio de Agricultura avanzaron en la delantera para sustituir empleados. Pero los convenios con organismos del ministerio de Economía y de Justicia también están encaminados. Según un balance de la Federación Nacional de Agentes de la Policía Federal (Fenapf), la adhesión a la huelga es de 80% en los policías, y llega a 100% en el Distrito Federal.

La situación es dramática en los puertos. Las principales categorías que operan los terminales están frenadas. La huelga de los fiscales agropecuarios redujo el número de fiscalizaciones en contenedores de 1.200 a 80 por día. El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) determinó que al menos 70% de los empleados de Anvisa permanezcan en trabajo, pero los líderes sindicales amenazan con una paralización total. La Policía Vial Federal reforzó el miércoles la fiscalización en las rutas de diversos estados, generando largas filas de vehículos en las carreteras.